• Cámaras consideran que esta disposición es contraria a la urgencia de reactivar la economía pues desestimula nuevas inversiones.
La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH) mostraron su preocupación con relación a la interpretación que hizo la Dirección General de Tributación (DGT) sobre los alcances de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual deroga “implícitamente” las exoneraciones de la Ley de Incentivos para el Desarrollo Turístico.
Según el criterio de esa Dirección, el Título Primero de la nueva ley, deroga de forma tácita todas las exenciones contenidas en el Impuesto General sobre las Ventas, incluidas las otorgadas a las empresas turísticas.
La ley de incentivos al turismo establece la exoneración del impuesto del 13% Sobre las Ventas, a la inversión inicial para adquirir artículos indispensables y materiales para la construcción de las instalaciones de nuevos proyectos de hotelería.
Ambas cámaras se mantienen preocupadas con la posición de la DGT, pues pretende eliminar, mediante interpretación, uno de los principales beneficios para la actividad turística, ya que no existe en la Ley una intención transparente por derogar, explícita o implícitamente, los regímenes de incentivos fiscales existentes.
El presidente de la CCH, Javier Pacheco, expresó que, “nos preocupa la previsible disminución en la inversión en turismo, debido al encarecimiento en los costos totales de la construcción de nuevos proyectos que, basados en el incentivo fiscal de la exoneración del 13% del impuesto sobre las ventas, desde el año pasado han dispuesto instalarse en el país, y por supuesto, sobre el mensaje negativo que se envía en materia de competitividad mundial a los proyectos de inversión que se encuentran en estudio. De manera que vemos muy perjudicial la interpretación de las autoridades que plantean una derogatoria del único incentivo en materia turística que subsiste para desarrollos hoteleros”.
Por su parte, la presidenta de Canatur, Sary Valverde, manifestó que, “este razonamiento sobre los alcances de la nueva normativa tributaria es contrario a la estrategia de reactivación económica del país que busca el Gobierno, pues provocará un desvío de la inversión a otros destinos, lo que originará menos empleo, recorte importante de divisas provenientes del turismo y la disminución de los encadenamientos productivos”.
Tanto Canatur como la CCH enviaron una carta a la UCCAEP, para solicitar una reunión urgente con personeros del Gobierno que tienen a cargo la reactivación económica del país, así como, con la ministra de Hacienda con el propósito de exponerle, detalladamente, no sólo los errores de la interpretación de la Dirección General de Tributación, sino también sobre las consecuencias en caso de que esa interpretación termine imponiéndose.
El criterio de la DGT se produce a partir de una consulta que realizó el Diputado, Pablo Heriberto Abarca Mora, quien solicitó información relacionada con la posible interpretación de la derogatoria de la legislación anterior con la aprobación de la nueva Ley de las Finanzas Públicas.
La respuesta al legislador fue enviada por el director general de Tributación, en ejercicio, Giovanni Tencio, a la ministra de Hacienda, María del Rocío.
