Un informe de la Red de Fraude Alimentario de la Unión Europea, indica que el 2020 se tramitaron 349 peticiones de cooperación para solventar sospechas de prácticas fraudulentas. Esto representa un aumento del 20 % respecto al año 2019.
La pandemia por la Covid-19, ahunado a la reciente crisis logística que sufre el transporte marítimo, han acrecentado diversos problemas que no eran tan notorios como ahora. Uno de ellos es la proliferación del fraude alimentario.
El fraude alimentario sucede cuando se da una acción deliberada e intencional de realizar una sustitución, adición, manipulación o cambio no informado en los alimentos, su etiquetado o su información. Estas alteraciones se dan mediante cambios de formulaciones no informados, declaraciones engañosas o falsas. El principal atractivo de realizar fraude alimentario, es el beneficio económico a obtener.
Un reporte publicado por la Unión Europea, de acuerdo a los datos brindados por la Red de Fraude Alimentario de la Unión Europea, indica que en el 2020 se tramitaron 349 peticiones de cooperación para solventar sospechas de prácticas fraudulentas. Esto representa un aumento del 20% respecto al año 2019.
Según explicó Carolina González, consultora de TAMA Adv., el fraude alimentario puede traer muchos perjuicios a un país y sus cuidadanos. El principal, dijo, es que, en algunos casos, crea problemas de salud pública por utilización de ingredientes no aprobados o de calidad cuestionable. Este, precisamente, es el mayor riesgo del fraude alimentario.
“Al existir una motivación económica, los que comenten estos actos no se detienen a pensar en los impactos negativos a la salud que pueden suceder. Sino que se enfocan en las ganancias económicas a percibir al cometer el fraude. Esto conlleva, en muchos casos, a la utilización de ingredientes que son totalmente ajenos y seguros a los alimentos. Todo con tal de obtener el beneficio final”, afirmó González.
Agregó que, el segundo de las repercusiones negativas del fraude alimentario se genera en la economía del país. Además, fomenta la ilegalidad. Esto porque los consumidores o industrias pagan por obtener un producto que al final podría ser muy diferente al que se está declarando, o se cree que se está consumiendo.
“La pandemia y la crisis de contenedores han puesto en aumento el fraude alimentario. Las empresas fraudulentas ven una oportunidad cuando se presenta escasez, ya que saben que la demanda es alta y por la urgencia posiblemente no hagan mayor investigación del producto. Debido a esto, aprovechan para brindar productos fraudulentos pero con amplia ganancia económica”, afirmó la consultora de TAMA Adv.
Añadió que el fraude alimentario va muy ligado a la necesidad de las empresas de generar la continuidad de su negocio ante posibles desabastecimientos.
“El problema radica en que las compras de emergencia que se realizan para la continuidad del negocio, en su mayoría, no son controladas debidamente. Ni se permite que el proveedor o insumo pasen por el proceso de aprobación definido. Esto, aunque de momento nos puede parecer una salida fácil para generar venta, puede traer consecuencias devastadoras si adicionamos un insumo a nuestro proceso que pueda resultar fraudulento y termina siendo detectado. Más aún, si este problema impacta directamente la salud de las personas”, comentó la consultora.
Recomendaciones para prever el fraude alimentario
González comentó que existen formas de prevenir el fraude alimentario. Algunas de ellas son contar con un equipo interno interdisciplinario. El cual se encuentre capacitado para determinar las principales vulnerabilidad de fraude alimentario en sus insumos y procesos.
Además, las empresas deben identificar sus principales insumos vulnerables de fraude alimentario. Esto para crear un programa de prevención ante el fraude alimentario. Además, este debe ser revisado y actualizado de forma constante ante nuevas alertas.
Contar con un sistema robusto y validado para la aprobación y seguimiento de los proveedores; así como realizar ejercicios de verificación constantes, son dos medidas adicionales para prevenir el fraude alimentario. Finalmente, la empresa debe mantenerse actualizada de las tendencias y noticias de fraude alimentario a nivel nacional e internacionalmente.
Otra recomendación es el control de los proveedores. “El control de proveedores es vital para evitar o, al menos, identificar y mitigar los riesgos asociados al fraude alimentario. Que un proveedor se encuentre certificado no es garantía total que estas situaciones no se presentarán. Por esto es sumamente importante contar con mecanismos de evaluación para la aprobación y reevaluación de proveedor con una frecuencia definida, según la criticidad del insumo, así como el origen del insumo y el proveedor y su trayectoria”, afirmó González.
De acuerdo de la Red de Fraude Alimentario de la Unión Europea, los principales productos que fueron asociados a los principales casos de fraude alimentario fueron: grasas y aceites (principalmente aceite de oliva). En segundo lugar los pescados y sus derivados. En tercer lugar se presentan los alimentos para consumo animal. También, se presentó el fraude en insumos químicos de limpieza asociados a la desinfección y prevención de la Covid-19.
El fraude alimentario también se da en alteración de productos como lácteos, mieles, suplementos dietéticos y frutas y vegetales.
Por tipo de incumplimiento, en el 2020 el 35% de los casos de fraude presentados se debieron a etiquetado erróneo. Le siguió con un 25% la presentación de documentación falsa, ausente o manipulada. El restante 40% de los casos se distribuyó en sustituciones, adiciones, tratamiento no autorizados y un pequeño porcentaje de infracciones de propiedad intelectual.
“Hay que recordar que el problema del fraude, principalmente, para la industria de los alimentos, sería que el mismo normalmente proviene de sus proveedores. Pero si no es detectado, nosotros, como industria, nos volvemos partícipes del fraude, ya que arrastramos la situación. Por ejemplo, si desconocemos que un ingrediente de nuestro proceso omite declaraciones importante en su etiquetado, nosotros no declararemos esto en nuestro producto final. Lo que provoca que generemos una cadena de incumplimiento legal. Así como de riesgo hacia la salud pública”, concluyó González.
