Falta de acercamiento directo con el gremio y de criterios unificados sobre protocolos y directrices preocupa al sector.
Comunicado de Prensa
Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines
Hemos tomado con malestar e indignación el anuncio realizado por parte del Poder Ejecutivo el día de hoy, al manifestar que se han reunido con dirigentes del sector empresarial, luego de las desafortunadas medidas del fin de semana pasado, para en conjunto buscar la reactivación económica del país. La Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (CACORE) no ha sido convocada a esas reuniones.
El sector restaurantero ha sido el único sector no esencial que ha permanecido abierto desde que dio inicio la pandemia -con excepción de los muchos que cerraron definitivamente, y que ha estado siempre en cumplimiento a los protocolos sanitarios. Somos un sector altamente regulado, que ha trabajado en la elaboración de protocolos Covid-19 desde el mes de marzo, en forma preventiva y proactiva. Al día de hoy, a más de 100 días del primer caso positivo de Covid-19 en el país, nunca hemos tenido una reunión con los Ministros de Salud y Seguridad.
Nosotros hemos estado siempre a disposición del gobierno, de trabajar en conjunto, disponibles y listos para cumplir las medidas que se tengan que cumplir; sin embargo, los jerarcas del gobierno no tienen un acercamiento directo con CACORE; y peor aún, toman todas las decisiones sin nuestros aportes. Esto, a pesar de que somos de los sectores más golpeados por la pandemia. Incluso, el Presidente ha manifestado que es el sector privado el que reactivará la economía, pero luego las medidas nos afectan directamente y negativamente a nosotros.
Es inconcebible que el gobierno tome decisiones sobre los restaurantes, sin la participación del gremio; toda vez que CACORE podría aportar, y en conjunto, buscar mejores soluciones a los problemas actuales. Asimismo, las medidas económicas tomadas para la reactivación del país, no consideran a nuestro sector o nuestra realidad; por lo tanto, no benefician a los negocios que generamos empleo o a nuestros colaboradores, que son más de 200,000 personas -en muy precaria situación hoy por hoy.
Nos preocupa además, que no existen criterios unificados sobre la vigilancia e inspección de los protocolos y directrices, por lo que muchos quedan a interpretación del inspector, oficial de la fuerza pública o policía municipal, lo cual genera mucha confusión. Hay casos donde a un restaurante le “hacen la observación” de que los rótulos colocados no tienen el logo del Ministerio de Salud, lo cual no esta indicado en los protocolos -y para ser honestos, se nos hace ridículo.
Adicionalmente, nos adjudican la responsabilidad sobre la sociedad civil a nosotros, cuando nos obligan a la observancia del cumplimiento de los lineamientos de cada cliente, y obligarnos a que seamos la “policía sanitaria” de nuestros clientes -para que cumplan las reglas; so pena de multa para nosotros, e incluso perder el permiso sanitario. Tal es el caso del uso de la mascarilla dentro del establecimiento.
Al día de hoy, ¡hemos cumplido y lo seguiremos haciendo!, por el bien de nuestros colaboradores y clientes; pero necesitamos que el Gobierno y sus jerarcas escuchen nuestra voz, para juntos buscar la mejor forma de salir adelante.
