La Alcaldesa de Montes de Oca, Arq. Sonia Montero, asegura que la Cámara Costarricense de Restaurantes, (Cacore) falta a la verdad al afirmar que en esa municipalidad se han realizado clausuras ilegales de negocios, cuando Cacore sale y dice: esto es una barbaridad, la alcaldesa se saltó el debido proceso, falso, miente, porque eso no es cierto, yo le puedo demostrar que nosotros seguimos el debido proceso. A mucha gente le puede parecer una injusticia, pero a mí me parece que es una advertencia necesaria.
Uno de los casos más sonados sobre los locales que Montero ha ordenado cerrar, es el de Terra U, y según explicó, el cierre obedece a que ellos manejaban un bar con patente de restaurante. La Municipalidad de Montes de Oca designó a este y otros locales de la Calle 3 o Calle de la Amargura, patentes de restaurantes, ellos solicitaron por iniciativa propia patente de restaurante, y solicitaron también la explotación de licores como actividad secundaria. Cualquier persona que haya visitado la Calle de la Amargura se da cuenta que casi todos esos sitios, con pocas excepciones, en realidad funcionan como
bares. Ellos mismos se dicen bares. Cacore en las manifestaciones que han hecho, hablan de bares, pero desde el punto de vista jurídico son restaurantes.
Según la Alcaldesa, el tema va más allá de las patentes, pues estos lugares presentan además una serie de problemas de seguridad y salud, que ponen en peligro la vida de los usuarios.
No se trata de que esta municipalidad tenga interés de cerrar locales, lo mismo el Ministerio de Salud. Terra U cerró después de dos años y resto de ser notificados, es una clausura temporal, sin embargo, la Municipalidad está suministrando información a la Sala Constitucional para que ese local se cierre permanentemente.
Montero adelantó que no está dentro de los planes de la Municipalidad otorgar nuevas patentes de licores en San Pedro.
Luis Marañón Miguez, Presidente CACORE, indica que en el caso concreto de la Calle 3, CACORE ha intervenido como mediadora del conflicto, sin que por ello defendamos ciegamente a los establecimientos ubicados en ese sector. Ofrecimos a la Alcaldesa que iniciáramos el diálogo tendente a solucionar muchos de los problemas de la zona que involucraban no solo a los restaurantes y bares sino a todos los comerciantes como: el estado de las calles, la basura y la seguridad, insistimos que la Sala Constitucional había advertido a la Municipalidad que, si bien procedían las clausuras preventivas, éstas tenían la condición de la apertura de procedimientos ordinarios, aspecto que dista mucho de lo que la señora Alcaldesa entiende lo que es el debido proceso. Asegura que CACORE no ha mentido.
Marañón enfatiza que CACORE le ha advertido a la Alcaldesa que, si los establecimientos son en realidad bares, de acuerdo con la Ley 7633 denominada de horarios la única potestad legal que tiene la municipalidad es la de cambiar la categoría de restaurante a bar, sin embargo, la Alcaldesa insiste en que deben ser restaurantes de acuerdo con su propia definición de restaurante, con mantelitos, velitas y glamorosos, como si estuviera en San Rafael de Escazú. Ningún inversionista aunque tuviese el dinero para arriesgarse, pondría un restaurante de este tipo en una zona eminentemente juvenil y universitaria, donde la mayoría de los clientes no pueden pagar los gustos gourmet.
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