El sector empresarial hotelero aboga porque se le de un trámite expedito y transparente al proyecto de ley para regular en el país el hospedaje no tradicional y sus plataformas digitales de comercialización, el cual se discute en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.
A las puertas de un dictamen en Comisión, los empresarios, agremiados en la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH), quieren dejar patente su respaldo al proyecto de ley pues insisten en que se ocupa regularizar los servicios informales con el fin de generarle mayores ingresos al Estado, salvaguardar los intereses de los turistas y generar un ambiente de competencia más pareja.
Se trata del proyecto de Ley Marco para la regularización del hospedaje no tradicional y su intermediación a través de Plataformas Digitales (la más conocida de ellas Airbnb), expediente 20 865, iniciativa del legislador socialcristiano Pablo Heriberto Abarca.
Dicho plan está prácticamente listo para dictaminarse el próximo martes en comisión, no obstante, al parecer hay algunos diputados que pretenden dilatar más el proceso.
La CCH insiste en que los diputados que evalúan el proyecto deben de dirigirse por el efecto positivo que éste va a tener en las finanzas estatales, en la protección del interés del consumidor (turista) y en el clima de competencia y el estímulo a la inversión privada en los nuevos proyectos hoteleros.
Para los empresarios, cualquier intento de desviar el foco del plan de ley por eventuales intereses particulares, debe dejarse de lado y preponderar en el interés de un país cuyo mayor aporte de divisas a la economía depende del turismo.
Le recordamos además a los señores diputados que el sector hotelero formal de este país ha contribuido por muchos años con el pago no solo del impuesto de ventas, sino con el 3 por ciento del impuesto del Instituto Costarricense de Turismo, por lo que no debiera de ser tema de mayor divergencia la definición del pago de tributos para los hospedajes no tradicionales.
Es necesario también que quede clara la diferencia en el nivel de inversión que requiere, por ejemplo, la edificación de un hotel con normas específicas y cumplimiento de la Ley 7600 que protege a las personas con capacidades diferentes, frente a la habilitación como un hospedaje de cualquier sitio ya existente.
