La Cámara costarricense de Restaurantes y afines está en contra de la obligatoriedad de pedir el QR y está muy confundida con el anuncio que hizo el gobierno el día de ayer sobre la autorización de poder trabajar con distintos aforos, dependiendo de si el restaurante aplica o no el QR.
Por esta razón, el gremio está haciendo consultas legales pues en apariencia el gobierno estaría incumpliendo con la orden de una jueza de la República de “abstenerse de realizar cualquier conducta tendiente a la implementación del Código QR”.
Estamos estudiando las implicaciones legales de pedir el QR de forma voluntaria como lo anunció el gobierno. El problema y la pregunta que de momento nos preocupa más son sobre la fiscalización de la medida, específicamente:
Si un inspector llega a un restaurante y lo ve lleno y este pregunta porqué, el encargado podría decir que sigue la directriz del gobierno que permite 100% de aforo pues el, de manera voluntaria, solicitó el QR a sus clientes. Pero en el momento en que el inspector decide entrar al restaurante pues dice que va a verificar que esto sea cierto y empieza a pedirle los QR ́s a los clientes, estaría precisamente violentando la orden del Tribunal Contencioso de suspender la medida pues en la práctica, se estaría aplicando! La medida pareciera no fiscalizable.
En el mismo sentido, nos preocupa que si hay restaurantes que pidan el QR y pueden tener más aforo y otros que deciden no pedirlo pero deben trabajar con un aforo del 50% y distanciamiento entre mesas, se premia a los primeros y se castiga a los segundos; ¿No es esta medida en el fondo, bajo el pretexto de que es voluntaria, una forma solapada de brincarse la orden cautelar?
En el momento en que tengamos más claras las respuestas a estas interrogantes y las implicaciones legales de este confuso anuncio del gobierno, estaremos en mejor capacidad de asesorar a nuestros ya muy “martillados” agremiados.
