En Semana Santa 16 municipalidades aplicarán la llamada “ley seca” mientras que 26 permitirán la venta de licor. Y esta situación tiene preocupado al sector de gastronomía del país, más aún porque existen municipalidades que están por tomar el acuerdo en el transcurso de la semana; este es el resultado de un sondeo que realizó la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) al 15 de marzo de 2016.
Prohibir la venta de licor en los cantones es algo que se determina en los concejos municipales, y de acuerdo con CACORE, el haber tomado esta decisión lo que demuestra es la intromisión de la religión en temas públicos y una falta total de “consideración” para con los restaurantes afectados, lo que se traduce en un grave golpe económico al comercio formal de alimentos y bebidas y al turismo, que es un sector que genera riqueza a los municipios con el pago de impuestos.
CACORE manifiesta que lamenta la corta visión de los concejos municipales al fomentar este tipo de acciones de prohibición, y no de generación de conciencia comunal de desarrollo y hasta en educación acorde a hábitos de consumo responsable. “Con esto no solo se afectan las ventas de un local sino que también los colaboradores en tales negocios ven mermado su ingreso por la poca recauda del 10% del servicio”, indicó CACORE.
“Quiero acotar lo que sucederá; por un lado, los consumidores se trasladarán a las jurisdicciones que no han adoptado la prohibición, mientras que en las playas los incautos turistas no entenderán por qué no pueden tomar una copa de vino con su almuerzo, pero podrán ver en la playa otras personas consumiendo licor que compraron días antes”, explicó Jorge Figueroa, Presidente de CACORE.
“Hacemos un llamado a las municipalidades que no han tomado la decisión, de abstenerse de declarar la “ley seca”, señaló Figueroa.
Finalmente, CACORE informa al comercio en general de que si la municipalidad del Cantón donde se ubica declara la “ley seca” debe respetarse, ya que la ley de licores establece un régimen de sanciones para ser aplicado por las municipalidades, específicamente en el artículo 14, por lo que aquellos comercios que incumplan esta restricción se exponen a la clausura del negocio y a pagar una multa de 1 a 3 salarios base.
