Percibida como una grave amenaza para la industria turística, la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), rechaza categóricamente la decisión del Ministerio de Hacienda de ampliar la interpretación del Artículo 1, Inciso C de la Ley General de Ventas, que grava, con el 13% del Impuesto de Valor Agregado a todas las Áreas Silvestres Protegidas Estatales, al considerarlas como prestación de servicios de recreo.
Para CANATUR la forma cómo se estará aplicando el Impuesto significa un atropello a la legalidad de este país y genera una inseguridad jurídica para todo el sector turístico nacional; asimismo, recuerda que la Procuraduría General de la República, emitió el oficio OJ-041-1999- 26 de marzo de 1999, que establece que «tal y como están estructurados los dos primeros artículos de la ley, se puede concluir que el impuesto de ventas en cuanto a servicios se refiere es de carácter selectivo, es decir, los servicios gravados serán única y exclusivamente aquellos que aparecen enumerados en la ley, sin que exista la posibilidad de incluir otros por la vía de la interpretación o por disposición reglamentaria, de suerte que todos aquellos servicios que el legislador no incluyó, revisten el carácter de exentos». En este escenario, la interpretación dada por Hacienda no tiene eficacia jurídica
«En el decreto 38295-MINAE del 30 de abril del 2014, que establece el incremento de las tarifas a las Áreas Silvestres Protegidas, se está realizando una interpretación auténtica del articulado de la Ley 6826, Ley del Impuesto General de Ventas, acto que solamente compete a las señoras y señores diputados. La Asamblea Legislativa es la única que decide qué debe ser comprendido como servicios de recreo y, por ende, cuáles son gravadas, situación que no se ha cumplido en este proceso, pues de haber considerado en 1982, que dichas áreas protegidas debían ser gravadas, el legislador habría sido explícito», explicó Pablo Heriberto Abarca, Jerarca de la Cámara.
Abarca considera que este decreto será un precedente legal, adicional a las interpretaciones internas, para el establecimiento del cobro a las demás actividades que a juicio de Tributación, sean actividades de recreo. CANATUR acuerpada por las Cámaras y Asociaciones sectoriales, muestra su preocupación, ya que las autoridades tributarias han comenzado a realizar el cobro retroactivo de dicho impuesto a las empresas turísticas.
«No sólo se podría estar estableciendo la obligatoriedad de la recaudación para actividades de tour, sino, y más grave aún, se podría consolidar el cobro retroactivo de un impuesto que, como hemos dicho, nunca se ha recaudado y que ahora, 384 meses después de la creación de Ley del Impuesto General de Ventas, se pretende, vía interpretación, adicionar a la ley. Este perjuicio económico no sólo es ilegal, sino que, además, es increíblemente injusto, e implica una afectación directa a la estructura financiera y a la seguridad jurídica de todas las empresas que ofrecen tours y que hacen un esfuerzo por estar al día y dentro de nuestro marco legal.
A criterio de CANATUR, introducir un impuesto de esta forma generaría un impacto severo y un mensaje más que negativo a toda la industria turística costarricense.
El jerarca de la Cámara advirtió que el escenario que se vislumbra con la aplicación del impuesto «implica un golpe para las empresas que están trabajando de manera ordenada y que cumplen con la Ley; es un incentivo para que la informalidad reine en las operaciones de los negocios del sector; irá en detrimento de la calidad del producto turístico».
Afectación operativa del sector
El impacto del gravamen del Impuesto a las actividades turísticas no sólo genera incertidumbre jurídica, sino que las autoridades del sector señalan que repercutirá inmediatamente en la operación de este tipo de negocios.
De acuerdo con Kattia Valverde, Presidente de la Asociación Costarricense de Operadores Turísticos (ACOT), las consecuencias inmediatas serían las siguientes:
- Afectación de la estructura financiera: los empresarios deberán asumir los costos del gravamen a las actividades de tours, ya que los negocios han firmado contratos con agencias mayoristas, hasta con dos años de anticipación, por lo tanto no pueden variar las tarifas.
- Pérdida de competitividad: el incremento de las tarifas en los servicios de los tours prácticamente sacarán a Costa Rica del mercado turístico.
- Cambio del producto turístico: las empresas buscarán disminuir todo aquel producto que incorpora actividades que están tasadas con el impuesto. Ejemplo: disminución de la visita a parques nacionales en los paquetes de tour operadoras.
- Encarecimiento del producto: como medida, a mediano plazo, los negocios turísticos deberán ajustar sus tarifas.
- Cierre de negocios: si las autoridades tributarias proceden a cobrar el impuesto de forma retroactiva, las empresas no tendrán cómo pagarlos, ya que no recogieron el gravamen, pues el sector nunca obtuvo una notificación oficial.
El Presidente de CANATUR indicó que la Cámara ha realizado diversas acciones, con el objetivo de informar al sector y conseguir su apoyo, pero también para frenar la aplicación de este gravamen. Entra ellas destacan:
- Coordinación con Wilhelm Von Breymann, Ministro de Turismo, de las acciones a seguir para buscar una salida al tema.
- Información a las cámaras sectoriales y regionales de turismo: se procedió a explicar la problemática y se obtuvo el apoyo mediante cartas formales de más de 50 organizaciones del sector.
- Reunión CANATUR-Vicepresidencia de la República: el jerarca de CANATUR externó la preocupación por aplicarse, de manera pronta, el impuesto y entregó las cartas de las cámaras y asociaciones de la industria turística.
- CANATUR-ICT- ACOT- Ministro de Hacienda: Pablo Heriberto Abarca, Presidente de CANATUR y Kathia Valverde, jerarca de ACOT, acompañaron al Ministro de Turismo con las autoridades tributarias, donde se solicitó el análisis de la problemática que representa aplicar el impuesto; y se hizo énfasis en la necesidad de brindar seguridad jurídica a todo el sector turístico.
