Playa Tamarindo, Guanacaste, 23 de octubre del 2016. La Cámara de Comercio y Turismo de Tamarindo (CCTT) solicitó una medida cautelar en el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) para exigir que el Area de Conservación Tempisque (ACT) del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) proceda a la captura y reubicación inmediata de un cocodrilo que atacó a un surfista estadounidense en esa comunidad costera de Guanacaste.
El recurso legal fue presentado en el citado Tribunal instancia donde la CCTT está representada por Walter Brenes, abogado del bufete Energy Law Firm (ELF).
Durante el 22 de julio anterior un turista de los Estados Unidos, quien se encontraba surfeando en las cercanías de la desembocadura del estero de Tamarindo, fue atacado por un cocodrilo que le causó graves heridas en la pierna derecha.
Sin embargo, más de tres meses después del incidente las organizaciones del sector turismo local aún se encuentran a la espera de que las autoridades pertinentes adopten medidas concretas para trasladar a ese réptil que protagonizó el mencionado incidente.
La medida cautelar ante el Tribunal se tramita en un expediente donde consta la petición de Hernán Imhoff y Federico Pilurzu, Presidente y Director -respectivamente- de la Cámara.
El documento le solicita al TCA que se “ordene al Area de Conservación Tempisque (adscrita al Estado y al Sistema de Areas de Conservación) en forma inmediata y en condición urgente la captura y reubicación del cocodrilo que atacó al surfista en el Estero de Tamarindo…”.
Lentitud burocrática
Según Imhoff es necesario actuar con rapidez porque ya han pasado más de tres meses desde el percance; no obstante, la comunidad de Tamarindo demanda resultados concretos en relación con el manejo de estos réptiles por parte del ACT.
“Ya tenemos un buen tiempo desde que sucedió este lamentable hecho y no vemos acciones específicas de parte de las entidades encargadas, todo han sido cartas, reuniones, conversaciones, pero nada que uno pueda decir que se están implementando medidas efectivas, por esa razón, la Cámara decidió presentar esta acción legal para que sea un Tribunal de la República que ordene una solución a la mayor brevedad posible”, criticó el Presidente de la Cámara.
En la demanda el abogado de ELF se indica que esa acción legal persigue “resguardar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en relación con el turismo, el comercio y la vida humana en el pueblo de Tamarindo, esto mientras en sentencia se condena al Estado y al Area de Conservación Tempisque para que se solucione en forma definitiva el problema relacionado con los cocodrilos”.
Pilurzu señaló que los ataques de cocodrilos en la zona ocasionan un grave perjuicio al comercio, a la industria hotelera y a la llegada de turistas, actividades que generan prácticamente la totalidad de los empleos y negocios en este distritito del cantón de Santa Cruz.
El Director de la Cámara agregó que también es necesario resguardar la integridad física de las personas que habitan cerca del Estero de Tamarindo y de los niños que practican el surf en ese sitio.
“Tiene que haber un adecuado balance entre la protección ambiental, la práctica de este deporte y la vida cotidiana de los habitantes que desarrollan sus actividades en la zona. La comunidad apoya varias iniciativas que enseñan el surf a las nuevas generaciones quienes “corren” sus primeras olas justo en ese punto; por eso, estamos claros en que esas personas deben ser protegidas de cualquier peligro”, afirmó Pilurzu.
El abogado Brenes indicó que “es inaudito que pasen las semanas y todavía no sepamos cuál la política de manejo de estos cocodrilos que desea llevar a cabo el MINAE a través del Area de Conservación. Han alegado, entre otras razones, que no existe sobrepoblación de cocodrilos en la región, pero como lo dejé bien en claro en el escrito ante el Tribunal esa no es una razón válida para permanecer cruzados de brazos, sin una reubicación adecuada”.
Además, de la medida cautelar la demanda de la Cámara solicita que se lleve a cabo una inspección in situ con la presencia de una autoridad judicial competente junto con especialistas en la materia.
